La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha instado a España a suspender cautelarmente el desalojo de una familia madrileña, formada por un matrimonio y sus dos hijas de 4 y 8 años, en el madrileño distrito de Villaverde.

En una comunicación, a la que ha tenido acceso Efe, el Comité ha solicitado la suspensión cautelar del desahucio de la vivienda que actualmente ocupan, mientras examina el caso, o, alternativamente, que se les otorgue “una vivienda adecuada”.

La resolución del Comité se fundamenta en el artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que entró en vigor en 2013 en España y que permite tomar medidas cautelares para evitar “posibles daños irreparables”.

El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, que sigue unas actuaciones por usurpación ilegal de inmueble, acordó el pasado 9 de marzo el desalojo inmediato de esta familia que ocupa una vivienda situada en la calle de Benimamet, y la entregue a su propietario, el BBVA.

En declaraciones a Efe, Javier Rubio, del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), una cooperativa de abogados que elevó el caso hasta la ONU, ha señalado que “todos los poderes públicos, incluido el poder judicial, están llamados a cumplir la petición de medidas cautelares del Comité”.

Rubio ha explicado que la familia residía en un inmueble de alquiler hasta 2015, año en el que no pudo pagar la renta y entró en una vivienda vacía del BBVA para “no dormir en la calle, una situación imposible con dos menores”.

Desde 2008, han solicitado sin éxito una vivienda pública tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad de Madrid y han pedido al BBVA un alquiler social, en función de sus ingresos, que actualmente alcanzan los 600 euros, para poder mantenerse de manera “legal y estable”, ha precisado el abogado.

Ha apuntado que el Comité ha trasladado su comunicación al Gobierno español, que tiene que contestar y hacer alegaciones en un proceso que se puede prolongar uno o dos años hasta que haya una decisión sobre el fondo del asunto, pero mientras se tramita el proceso la familia no puede ser desalojada por el riesgo de cometer “un daño irreparable” y “generar una familia con menores sin hogar”.

En virtud de los acuerdos internacionales que ha suscrito y también de las leyes internas, el Estado español debería atender las necesidades de las familias que están riesgo de desalojo sin alternativa habitacional, que han solicitado una vivienda a la Administración pública y que están en una situación de vulnerabilidad, ha argumentado Rubio.

“En Madrid, Barcelona y Valencia, -ha indicado- hay barrios y distritos azotados por este problema, con un perfil de familias sin recursos y con niños pequeños, que llevan arrastrando desde 2011 o 2012 ocupación tras ocupación, al tiempo que piden vivienda pública, pero no se la otorgan porque no hay una política de vivienda de las Administraciones”.

Rubio ha recordado que el mismo Comité dictaminó en 2017 que el desalojo de una familia formada por un matrimonio y sus dos hijos de 1 y 3 años llevado a cabo en 2013 supuso una vulneración de su derecho humano a una vivienda.

Asimismo, el Comité instó al Estado español a adoptar las medidas necesarias para ayudar a esta familia a obtener una vivienda, a otorgarle una compensación económica por la violación de sus derechos y a promover un plan integral para garantizar el acceso a una vivienda adecuada para personas con escasos recursos.

La ONU insta al Estado español a adoptar las medidas necesarias para ayudar a esta familia a obtener una vivienda

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