El Gobierno destina 220 millones de euros para aplicar en 2019 las medidas incluidas en el pacto de Estado contra la violencia de género en los diferentes ministerios y administraciones e incorpora en ese ejercicio duplicar de 20 a 40 la partida para los ayuntamientos. Además, se ha previsto una dotación de 15 millones para la Memoria Histórica, que con los gobiernos del PP tenía un presupuesto igual a cero.

Según el proyecto de PGE 2019, una parte significativa de dichos créditos son para el programa “Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género”, gestionado por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, a través de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género y de la Secretaría de Estado de Igualdad.

Entre sus créditos figuran transferencias a Comunidades Autónomas por 112 millones de euros para las ampliadas competencias en materia de violencia machista que se incluyen en el pacto y transferencias a Entidades Locales por 40 millones de euros, por la inminente devolución de competencias a las mismos para tratar a las víctimas de violencia de género.

Además, se recogen 14 millones de euros para familias e instituciones sin fines de lucro para destinar a ayudas sociales a mujeres víctimas de violencia de género y para atender a víctimas de trata con fines de explotación sexual y otras actuaciones.

En el Ministerio del Interior, se incluyen partidas para alcanzar los objetivos del pacto, como potenciar la formación de funcionarios policiales, mejorar la protección de las víctimas y los mecanismos electrónicos, así como la coordinación de bases de datos entre organismos.

Por otra parte, las políticas de memoria histórica, sin fondos públicos estatales en los últimos años, cuentan con una partida de 15 millones de euros en el proyecto de ley de Presupuestos. “En el momento político actual, en el que formaciones radicales y nostálgicas de épocas oscuras apuestan por el revisionismo histórico, el presupuesto apuesta por la memoria histórica”, destacó el viernes la titular de Hacienda, María Jesús Montero.

Los fondos públicos para el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007, se redujeron de forma drástica con la llegada al Gobierno del PP y desparecieron de los presupuestos generales del Estado en 2013. Con la llegada del PSOE al Ejecutivo se creó una nueva dirección general de Memoria Histórica en el seno del Ministerio de Justicia y su responsable, Fernando Martínez, reconoció tras su primera reunión con los responsables autonómicos que se necesitaban recursos para aplicar la norma, recordando que en ese momento las partidas eran “cero”. El objetivo, según avanzó en septiembre, es dedicar una parte significativa del presupuesto a las exhumaciones, una de sus prioridades.

La dirección general acordó con las comunidades actualizar el mapa de fosas de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo para diseñar planes cuatrienales de exhumaciones lideradas por las administraciones públicas.


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