España sigue siendo, un año más, país de records europeos en materia de investigación. En 2016, la inversión en I+D+i había descendido hasta el 1,19% del Producto Interior Bruto, más de un punto por debajo que la media comunitaria, situada en el 2,3.

“Este 2017, con los presupuestos prorrogados, aun no tenemos datos definitivos. Pero cada vez estamos más lejos del cumplimiento de los objetivos comprometidos con Europa; ahora tendríamos que rondar ya el 2% del PIB para acercarnos a lo pactado”, se queja Pablo Giménez Gómez, portavoz de la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios, que califica de “otro annus horribilis” para el sector este 2017 recién clausurado.

Al inicio de la crisis, en 2009, se había alcanzado el máximo histórico de inversión del 1,64% del PIB. Aunque no hay datos actualizados por parte del Gobierno español, circunstancia que deplora la FJI, los últimos balances del Observatorio para la Investigación e Innovación de la Comisión Europea (2016) estimaban que solo entre 2010 y 2015 nuestro país había dejado escapar al extranjero a 12.000 investigadores (brain drain), una cifra escandalosa para una economía lastrada desde lo inmemorial por su excesivo apego a depender de sectores como el turismo y la construcción. “Estamos perdiendo competitividad a pasos agigantados en todo lo referente a innovación y a producción de patentes”, critica Pablo Giménez.

Al inicio de la crisis, había en España unos 140.000 investigadores. Hoy quedan 110.000, según las estimaciones más optimistas”, continúa el portavoz de la FJI. Esta sangría, además, afecta en muchas ocasiones a los profesionales con más preparación, aquellos que por currículum tienen más opciones de incorporarse a la gran empresa o a los más prestigiosos centros de saber foráneos.

“En España pagan entre 900 y 1.500 euros. En Europa el abanico se mueve entre 3.000 y 3.500”

“Por condiciones económicas y de calidad laboral, la gente mejor preparada acaba yéndose. En España, a un predoctoral con la carrera y el máster se le pagan 900 euros al mes. Si por ejemplo te fichan desde Reino Unido, ya te ofrecen 1.200 euros mensuales más para que te equipares con ellos. Echa cuentas. En cuanto a los posdoctorales, entre los que te puedes encontrar a gente desde los 28 hasta los 55 años o más, los sueldos oscilan entre 900 y 1.400 euros al mes, quizá hasta 1.500. En Europa el abanico se mueve entre 3.000 y 3.500 euros de sueldo. ¿Cómo la gente no se va a ir?”.

Además, se está produciendo un envejecimiento de la población investigadora española. “Nos acercamos cada vez más a los 50 años de media. No se cumplen las tasas de reposición previstas por la Ley de Ciencia de 2011, porque dicen que no se puede contratar gente nueva. La media de edad de los fijos en la Complutense es de 45 años. No existe ninguna profesión del mundo en la que no se pueda acceder a la estabilidad laboral mucho antes. Están consiguiendo que la investigación en España sea una profesión muy poco digna”.

Zancadillas burocráticas

Pero, al margen del cuadro general, las zancadillas burocráticas no están contribuyendo tampoco a fomentar el ejercicio de la investigación en España. A principios de diciembre de 2017 el Ministerio de Educación convocó las ayudas para la Formación de Profesorado Universitario ofreciendo un plazo de apenas dos semanas —del 13 al 29 de diciembre— para reunir la documentación.

No es un trámite sencillo: los solicitantes han de contactar con los grupos de investigación para solicitar la preadmisión o admisión a cada programa de doctorado. Buena parte de las fechas de este plazo coinciden con días no lectivos en las universidades, cuando estos equipos de investigación se van de vacaciones.

Susana Díaz también lleva cinco años sin invertir en proyectos de I+D+i

Si se le pregunta a Pablo Giménez si la elección de las fechas se debe a un problema de ignorancia de los convocantes o a una maniobra disuasoria, limita su respuesta a un resignado: “Bufff”.

El desprecio a la labor investigadora no tiene en España únicamente color político azul (del PP). La Junta de Andalucía de la socialista Susana Díaz (sostenida por Ciudadanos) “lleva cinco años sin convocar nuevas plazas y sin invertir en proyectos. El Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 2020 fue presentado en 2016. Las convocatorias de personal investigador se esperaban para 2017. “Hoy seguimos igual”, confiesa Giménez.

Aunque se muestra algo optimista ante las presiones “de las asociaciones de investigadores, que están moviendo mucho para que se revierta esta situación”. Hasta ahora, se han quejado desde FJI en muchas ocasiones, “la estrategia que ha seguido la Junta de Andalucía es retrasar o convocar nuevas ayudas que deja sin resolución”.

Otra evidente zancadilla es la regulación a principios de año de los contratos de los predoctorales, a los que se negó la tarjeta sanitaria a principios de 2017. Finalmente consiguieron que la situación se subsanara: “Esta negociación solamente resuelve un problema generado por la propia Administración, por lo que no supone avances reales en las condiciones laborales de dichos investigadores”. ¿Annus horribilis?: “Annus horribilis”, confirma.

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